Nuestro terreno es el largo plazo

En un post reciente en el blog de Harvard Business Review (How To Make Companies Think Long-Term; está en inglés, lógicamente), Roger Martin describe procesos que llevan a las empresas a primar el corto plazo sobre el largo plazo (por ejemplo, la estructura de remuneraciones a los directivos) y propone una fórmula para evitarlo. Básicamente, consiste en restar influencia a quienes invierten con previsión de vender enseguida su participación y dar mayor peso a los inversores de perfil no especulativo.

Será más o menos eficaz como remedio al problema que plantea y más o menos difícil de implementar en la práctica. A nosotros, en otro orden de cosas, nos provoca algunas reflexiones sobre el tercer sector:

Nuestro terreno es el largo plazo. Lo habitual es que conseguir logros en el corto plazo carezca de mayor sentido para una entidad no lucrativa si el proyecto no es sostenible en el tiempo, porque normalmente tenemos fines más ambiciosos que eso.

Nuestra financiación a menudo no recoge esto: es cierto que las fundaciones tienen un «socio» del más largo plazo (el fundador, si hablamos de una dotación no reintegrable). También las asociaciones tienen unos «accionistas» a largo plazo, los socios, que aportan a fondo perdido y, en principio, están ahí para quedarse.

Sin embargo, el resto de la financiación no necesariamente responde a ese horizonte. Aunque las subvenciones públicas, en muchos casos, han tendido a manifestar una estabilidad en el tiempo (posiblemente por las consecuencias sociales de retirar subvenciones a proyectos que funcionan), las cuentas públicas en España en los últimos años han sido las que han introducido un componente de inseguridad e incertidumbre muy grande.

Las administraciones públicas no habían previsto –ni lejanamente, por lo que parece– el escenario en que nos vemos actualmente. Hay subvenciones que han desaparecido, otras se han visto recortadas seriamente aun cuando las necesidades que pretendían paliar crecían de forma espectacular. En algunos casos, se desconocía durante meses qué iba a suceder con ciertas subvenciones.

Hay que recordar que las subvenciones destinadas a acción social son inversiones (en estabilidad social, en educación, en salud preventiva, en política activa de empleo, en prevención de la exclusión social). En muchos casos, se traducen en una reducción de gasto social y, especialmente, con impacto en el medio y largo plazo. Pensemos en el efecto de la integración de personas inmigrantes, cuando se ha favorecido la normalización de su situación legal, el aprendizaje del idioma, la capacitación laboral, la búsqueda de empleo y el acceso a una vivienda digna. ¿Qué coste tiene que no se dé cada uno de estos pasos? ¿O qué coste tiene anualmente cada plaza de internamiento en un centro de reforma de menores, en comparación con los costes de una intervención educativa que prevenga el delito?

La encrucijada del sector es tratar de trabajar en el largo plazo con financiadores que trabajan con un horizonte anual y que han manifestado ser poco fiables (hemos visto contratos prorrogados oficialmente por un año y que han desaparecido antes de iniciarse la prórroga. Desconocemos cuánto de esto y otras prácticas –simplemente, no pagar– puede haber por ahí). No podemos quedarnos tranquilos cuando se clasifica la inversión en contratos, convenios y subvenciones del ámbito de la acción social como gasto prescindible. No podemos vivir en el corto plazo. Va contra los genes de nuestras entidades.